Ansorena está obligada por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo a la obtención de documentación de sus clientes, y a establecer requisitos más estrictos en función del riesgo que aprecie en los mismo, siendo la entidad quien define los documentos que solicita y a quién se los solicita, respetando en todo momento la Ley de Protección de Datos.
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